Pacific Gas and Electric (PG&E) anunció su intención de declararse en bancarrota del Capítulo 11 la próxima semana, principalmente debido a los costos y responsabilidades derivados de los incendios Camp Fire de 2018 y Napa y Sonoma Country de 2017. ¿Qué deben esperar los consumidores de esta presentación? ¿Seguirá PG&E siendo responsable de los incendios que inició? ¿O los consumidores finalmente pagarán el precio?
PG&E ha anunciado que los consumidores pueden esperar costos y beneficios
Según PG&E, hay algunos costos y beneficios que los consumidores pueden esperar . La primera es una subida de tipos. Ya le han pedido a la Comisión de Servicios Públicos que pueda subir las tarifas en un 6.4 por ciento en 2020, lo que generaría $1,100 millones adicionales al año. Los consumidores también pueden esperar que la empresa invierta en infraestructura para proporcionar energía de forma más segura a consumidores y empresas. Los consumidores pueden esperar que continúen recibiendo electricidad y gas natural de PG&E, aunque la compañía ha insinuado que podría vender su negocio de gas natural . ¿Habrá más subidas de tipos? ¿Y las demandas presentadas por víctimas de incendios?
La legislatura de California ya otorgó protección a PG&E y carga para los contribuyentes
El año pasado, la Legislatura de California aprobó la SB901. Este proyecto de ley brinda cierto grado de protección limitada a PG&E contra reclamos de demandas por incendios forestales, por lo que los reclamantes pueden esperar que sus pagos finales sean algo menores que las cifras históricas, solo con base en esta ley.
El proyecto de ley también permitió a PG&E pasar los costos asociados con estos reclamos, incluidos los pagos de acuerdos o sentencias, a los contribuyentes si PG&E no es lo suficientemente fuerte financieramente para manejar todos estos costos, además del aumento del 6.4 por ciento ya aprobado. Traducción: este proyecto de ley perjudica tanto a los reclamantes como a los contribuyentes. Pero, curiosamente, solo se aplica a los incendios de 2017, y no al Camp Fire de 2018 que batió récords.
Algunas legislaturas habían dicho que apoyarían extender SB901 al Camp Fire de 2018, pero ahora que la compañía ha declarado su intención de declararse en bancarrota, esa protección ahora cae dentro del ámbito de los tribunales, y no de la legislatura.
El tribunal de quiebras podría aumentar aún más la carga del consumidor y minimizar los acuerdos para las víctimas de incendios
El concepto detrás de la bancarrota del Capítulo 11 es ayudar a una corporación a pagar sus deudas sin tener que liquidar. Los acreedores son pagados de acuerdo con un plan de pago creado por el juez de quiebras a la luz de las reglas de prioridad . Las primeras partes a las que se les pagará, por supuesto, es el tribunal de quiebras de los Estados Unidos por sus tarifas de presentación. A continuación, se paga a los acreedores garantizados. Son entidades que tienen un gravamen sobre los bienes de la empresa. Los siguientes en la línea son los acreedores no garantizados, que generalmente son centros de costos administrativos. El siguiente en la línea son los acreedores generales no garantizados.
Debido a que son los últimos en la fila, estas entidades luchan entre sí y en los tribunales por las sobras que quedan en la empresa, a veces recibiendo solo centavos de los dólares que se les deben. Las víctimas del incendio son acreedores no garantizados, y se alinearán y pelearán con otros que tienen deudas a largo plazo por parte de la empresa. La corte de bancarrota probablemente resultará en un pago más rápido a las víctimas del incendio, pero menor.
Una vez que PG&E se dirija a la bancarrota, espere que aumenten los costos legales y administrativos, los cuales probablemente pasarán a los consumidores. Después de todo, como dice el viejo refrán, no se puede sacar sangre de un nabo. Se espera que los contribuyentes absorban esos costos. Según Mark Toney, director ejecutivo de The Utility Reform Network en San Francisco, los tribunales dejarían de lado los intereses de los contribuyentes. «Pone la decisión en manos de un juez de quiebras cuya primera prioridad es pagar a los acreedores. Los contribuyentes son la última prioridad».
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