Leyes sobre discapacidad del Estado de Florida

• Estatutos de Florida para el desalojo de personas discapacitadas
• Leyes de estacionamiento para discapacitados en Florida
• Leyes de horas extras obligatorias de Florida
• Leyes de protección de los ancianos en Florida

Aprobada en 1990, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ofrece promesas y protecciones de derechos civiles innovadoras a la comunidad de discapacitados, que se extienden a lo largo y ancho de áreas como la educación, el empleo, el transporte y la vida pública. Casi 20 años más tarde, en 2009, la Ley de Enmiendas a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades modernizó significativamente las definiciones legales de discapacidad para proteger aún más los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses discapacitados.

Al igual que la ley enmendada funciona paralelamente a la ADA, Florida no sólo está sujeta a las disposiciones de protección establecidas por la ley federal, sino que la franja mejora estos derechos y protecciones con su propia colección de leyes a nivel estatal. La ley de discapacidad de Florida, en virtud de los Estatutos de Florida, se aplica a las personas que tienen un impedimento físico o mental que limita significativamente al menos una actividad principal de la vida, en la que una actividad principal de la vida puede incluir funciones sensoriales, trabajar, caminar, tareas físicas básicas y cuidarse a sí mismo. Afortunadamente, la legislación de Florida busca ayudar con un poco de cuidado propio.

Derechos de empleo

En Florida, las directrices de la ADA que funcionan junto con la Ley de Derechos Civiles de Florida -detallada en los Estatutos de Florida, Sección 760.01- prohíben a los empleadores discriminar a los empleados por cualquier impedimento. Estas leyes se aplican tanto a los empleadores privados como públicos con al menos 15 empleados, y protegen de la discriminación por discapacidad tanto a nivel de condado como municipal. Si un solicitante de empleo de Florida es la persona más competente disponible para realizar los servicios requeridos por el trabajo en cuestión, la Sección 112.042 de los Estatutos de Florida insiste en que no será discriminado por sus discapacidades, ya sean psíquicas o mentales.

Los empleadores también están obligados a proporcionar ajustes razonables para los contratados discapacitados, tanto por la ley de Florida como por la ADA federal. Estas adaptaciones incluyen (pero no se limitan a) ajustes en las reglas de trabajo, las obligaciones laborales o la configuración física del espacio de trabajo y la estructura o rutina laboral. Aunque es el deber legal del empleador proporcionar este tipo de adaptaciones razonables, es responsabilidad del empleado solicitarlas. Los empleadores pueden solicitar una exención de esas solicitudes si la incorporación de las adaptaciones supera su capacidad o sus recursos hasta el punto de causar dificultades indebidas a la empresa. Según la Sección 413.08 de los Estatutos de la Florida, los empleadores que discriminan a las personas con discapacidades en la fuerza laboral pueden encontrarse con un delito menor de segundo grado.

En los Estados Unidos, la Ley Federal de Licencias Familiares y Médicas promete a los empleados que reúnan los requisitos necesarios hasta 12 semanas de licencia de trabajo no remunerada por determinadas condiciones de salud, y esta licencia puede considerarse una adaptación razonable en virtud de la ADA. Mientras que algunos estados añaden leyes de licencia adicionales a la ADA, Florida no lo hace, a partir de 2018.

Derechos de educación especial

Los requisitos de discapacidad de Florida no sólo protegen a los adultos - en 2013, el Estado del Sol aprobó leyes bajo el estandarte de la Educación de Estudiantes Excepcionales (Proyecto de Ley del Senado 1108 y Proyecto de Ley de la Cámara 465, de los Senadores Andy Gardiner y el Representante Jason Broduer) otorgando derechos cruciales a aquellos que requieren educación especial.

Cuando los padres floridanos de un niño con necesidades de educación especial se reúnen con los funcionarios de la escuela, tienen el derecho legal de traer a otro adulto de su elección sin la objeción (o represalias) de la escuela, lo que facilita la participación de un profesional como un especialista emocional, un fisioterapeuta o un patólogo del habla y el lenguaje. Asimismo, los padres tienen derecho a enviar al analista de conducta certificado privado de su hijo, al analista de conducta aplicada, al terapeuta psíquico u ocupacional, al logopeda, al psicólogo o al trabajador social clínico para observar e incluso colaborar con el personal de la escuela pública, siempre que se haga una planificación razonable con los maestros y el director.

La Educación de Estudiantes Excepcionales no sólo da voz a los profesionales, sino que hace que el Programa de Educación Individualizada del estado sea más inclusivo al requerir que los equipos de IEP busquen el consentimiento de los padres al elegir entre poner a sus hijos en una pista de diploma especial o recibir una educación de una escuela de un centro ESE separado. Del mismo modo, los padres deben ser informados de la cantidad exacta de dinero que su distrito escolar local recibe para la financiación del ESE, según el Estatuto de Florida 1003.57(j), y tienen derecho a solicitar una exención extraordinaria de pruebas específicas en nombre de sus hijos.

Derechos de Vivienda y Accesibilidad

Si usted vive con discapacidades en el estado de Florida, la legislación federal descrita en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y en la Ley de Equidad de Vivienda proporciona una gran parte de sus derechos de vivienda y accesibilidad, aunque la Sección 413.08 de los Estatutos de Florida no puede ser más clara cuando establece que "Una persona con una discapacidad tiene derecho a alquilar, arrendar o comprar, como otros miembros del público en general, cualquier vivienda ofrecida en alquiler, arrendamiento u otra compensación en este estado, con sujeción a las condiciones y limitaciones establecidas por la ley y aplicables por igual a todas las personas".

Quienes necesiten rampas, barandillas, puertas automáticas u otras facilidades para entrar en los edificios pueden agradecer el Título II de la ADA, que exige que "las entidades públicas hagan accesibles a las personas con discapacidad las instalaciones de vivienda nuevas y existentes", incluidas las viviendas públicas e incluso los campus universitarios. La Ley federal de barreras arquitectónicas, que a menudo se ejerce en conjunción con este tipo de normas de la ADA, exige que los edificios financiados total o parcialmente por el gobierno cumplan las normas legales de accesibilidad para personas con discapacidades, como se detalla en las Normas Federales Uniformes de Accesibilidad.

A nivel estatal, la Ley de Casas Móviles de Florida añade una útil arruga a estas pautas a nivel nacional. Para aquellos que necesitan ayuda para trasladar sus casas móviles, el Programa de Reubicación de Casas Móviles proporciona ayuda financiera a los propietarios de casas móviles desplazados. Aunque pueda parecer pequeño, la importancia del programa no puede ser exagerada en un estado con más de 828.000 casas móviles, según los datos del 2017 del Instituto de Vivienda Manufacturada.

Por supuesto, la protección y los derechos se extienden más allá de las casas y los edificios asociados al gobierno. La sección 413.08 de los Estatutos de Florida - titulada Empleo y Servicios Relacionados para Personas con Discapacidades - establece claramente los requisitos de accesibilidad tanto en las viviendas personales como en los "alojamientos públicos", este último de los cuales arroja una red impresionantemente amplia. La ley de la Florida define los alojamientos públicos como todo lo que va desde un avión hasta un parque de atracciones, y - con un lenguaje de gran alcance - exige que "un individuo con una discapacidad tiene derecho a alojamientos, ventajas, instalaciones y privilegios completos e iguales en todos los alojamientos públicos".

Esos mismos estatutos también establecen que cualquier persona o corporación que inhiba o interfiera con los derechos de una persona discapacitada a entrar o disfrutar de un espacio público comete un delito menor de segundo grado. En Florida, ese es un delito que se castiga muy apropiadamente con 30 horas de servicio comunitario en nombre de una organización que sirve a la comunidad de discapacitados (aunque el tribunal tiene el derecho de elegir otra organización).

Beneficios por discapacidad

En cuanto a los programas de bienestar orientados a la discapacidad, ¿hay discapacidad en el estado de Florida? La respuesta es tanto "sí" como "no".

En comparación con estados como California, Rhode Island, Hawai, Nueva Jersey y Nueva York - donde la ley estatal requiere que los empleadores ofrezcan un plan de discapacidad a corto plazo - el estado de Everglade se queda corto. Si eres residente de Florida y no tienes seguro de discapacidad a través de tu empleador, tendrás que depender de los programas federales de discapacidad de la Administración del Seguro Social, como el Seguro Social por Discapacidad y la Seguridad de Ingreso Suplementario, para obtener los beneficios.

Para ser elegible para estos programas de asistencia federal, su incapacidad para trabajar debe afectarle durante al menos un año. El Seguro Social por Incapacidad atiende a los contribuyentes con un historial de trabajo que califica, mientras que la Seguridad de Ingreso Suplementario le da una mano a aquellos con menos ingresos y bienes.

Animales de servicio

La ADA permite a las personas con discapacidades llevar sus animales de servicio a todos los alojamientos y transportes públicos, pero Florida también hace cumplir su propio conjunto de normas legales relativas a los animales de servicio. Afortunadamente, los floridanos discapacitados tienen derecho a cualquier ley que les ofrezca las mayores protecciones, ya sea estatal o federal, en función de la situación.

La ley de Florida define a los animales de servicio como aquellos entrenados para realizar tareas o hacer trabajos para cualquier persona con discapacidades intelectuales, físicas, sensoriales o psiquiátricas, lo cual está bastante en línea con la ADA. Sin embargo, la ley de Florida sólo cubre los perros de servicio y los caballos en miniatura en términos de acceso a los alojamientos públicos. Esos "alojamientos públicos" se extienden a: hoteles y alojamientos públicos; terminales y depósitos de transporte público; restaurantes y bares; negocios de venta y alquiler; espacios de reunión pública; instalaciones de arte y entretenimiento; gimnasios y edificios o estadios de recreación; zoológicos y parques; exhibiciones públicas curadas como bibliotecas y museos; instituciones educativas y centros de servicio social, entre otros. La Sección 413.08 de los Estatutos de Florida exige que los animales de servicio usen un arnés, una correa o una correa de sujeción, a menos que la discapacidad del propietario o las tareas necesarias del animal lo prohíban, cuando estén en público. Por la misma ley, los alojamientos públicos no pueden preguntar sobre "la naturaleza o el alcance" de la discapacidad de una persona cuando está acompañada por un animal de asistencia, y no pueden imponer cuotas a los clientes por usarlos. Cuando se emplea un animal de asistencia en la propia casa, no se aplica el límite de perros y minicaballos, sino que se es libre de utilizar un animal adecuadamente adiestrado de su elección.

La ley sobre animales de servicio en Florida también prohíbe a los propietarios discriminar a los inquilinos discapacitados debido a sus animales de servicio o de asistencia; quienes dependen de animales de servicio en el hogar tienen pleno derecho a la igualdad de acceso a la vivienda en el estado. Los propietarios en Florida tampoco pueden exigir un pago extra por los animales de asistencia. La ley establece que usted es responsable de cualquier daño que su animal de servicio cause a la propiedad o a las personas en ella. Lo mismo ocurre con los daños públicos.

Malas noticias para el pavo real de apoyo emocional nacido en Florida, Dexter, que se hizo famoso en Internet antes de su muerte en 2018: Como la ley federal, la ley del estado de Florida no cubre a los animales de apoyo emocional. Eso incluye a los perros de servicio psiquiátrico así como a los pavos reales, no importa lo fabulosos que sean.

En una nota relacionada, aunque los alojamientos públicos no pueden exigir legalmente ver ningún tipo de papeles de registro o licencias para los animales de servicio, cualquier persona en el estado de Florida que se presente voluntariamente como calificado para usar un animal de servicio está sujeto a un cargo por delito menor de segundo grado y 30 horas de servicio público para una organización de defensa de los discapacitados.

Defensores de los Derechos de los Discapacitados en Florida

Una generosa cantidad de organizaciones e iniciativas sin fines de lucro se esfuerzan por proteger los derechos civiles de los floridanos discapacitados y ayudarlos a sobresalir en la vida pública, a menudo ofreciendo recursos de educación jurídica y defensa. Employment First Florida, por ejemplo, guía a las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo hacia oportunidades profesionales mediante reuniones de grupos de base y educación gratuita sobre el cumplimiento de la legislación relativa a la fuerza de trabajo. Por parte de los empleadores, el Programa de Socios de Habilidades Únicas de la Florida -una iniciativa del Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida- reconoce a las empresas con un fuerte compromiso de ofrecer oportunidades de trabajo a las personas con discapacidades y ayuda a fomentar las relaciones entre empleador y empleado. Otras organizaciones que actúan como defensoras de los derechos de los discapacitados en Florida son Disability Rights Florida, la Red Familiar de Discapacidades de Florida, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Florida, el Programa de Alfabetización Financiera para Personas con Discapacidades del Desarrollo y la Comisión del Gobernador sobre Discapacidades, entre otras.

En el desafortunado caso de que se violen sus derechos civiles, la Ley de Derechos Civiles de Florida no limita el monto de los daños y perjuicios que se le pueden conceder en un tribunal de justicia como reciprocidad por el dolor y el sufrimiento, aunque impone un tope de 100.000 dólares por daños punitivos.

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