Alquileres, comunidades de vecinos, obras, fianzas y derechos sobre la vivienda.
Depende de la ordenanza municipal y de la situación real del inmueble. No siempre hace falta un uso efectivo del servicio, pero si no existe red ni posibilidad real de conexión, el cobro es mucho más discutible.
Sí, por regla general un comercio puede fijar precios distintos para un mismo producto si informa bien la oferta y no incurre en engaño, recargos ocultos ni discriminación prohibida.
Sí. Una comunidad de propietarios puede funcionar sin estatutos propios, porque en su defecto mandan el título constitutivo y la Ley de Propiedad Horizontal.
Como regla general, no. Las pagas extraordinarias forman parte del salario en España, aunque a veces no se perciben en un único abono porque están prorrateadas en la nómina mensual si el convenio o la regulación aplicable lo permite.
No hay una prohibición general por el simple hecho de que no exista división horizontal, pero el uso real del inmueble puede depender de licencias, habitabilidad, configuración registral y estatutos comunitarios. El mayor riesgo suele estar en alquilar como vivienda independiente algo que no está regularizado como tal.
En general, no debería cobrarse como realizado un servicio que no se ha prestado. Solo puede haber cobro legítimo si existe una base contractual clara para una reserva, disponibilidad, cancelación o gasto previo debidamente informado, y no una ficción de servicio ejecutado.
Puede ser legal reforzar la seguridad del portal, pero no a costa de impedir la evacuación o de bloquear el acceso legítimo de vecinos y residentes. La clave está en la seguridad del edificio, el acuerdo comunitario y el sistema concreto de cierre.
En España no suele bastar con presentar el cheque sin más: si el beneficiario ha fallecido, la entidad normalmente pedirá acreditar quién puede actuar por la herencia y qué documentación sucesoria corresponde en ese caso.
Sí, alquilar por meses puede ser perfectamente legal, pero no todo contrato corto es un verdadero alquiler de temporada. Si el uso real es vivienda habitual, la LAU puede imponer prórrogas y protección al inquilino aunque el contrato solo diga “por meses”.
Sí puede serlo, pero no basta con que lo quiera el presidente o unos pocos vecinos. Alquilar una azotea, un cuarto o una fachada como elemento común exige acuerdo de junta y la mayoría necesaria depende del uso asignado al elemento, de los estatutos y de si la operación altera el título constitutivo o el aprovechamiento ordinario de la comunidad.
En general, no se gira el recibo ordinario de la comunidad “con IVA” como si la comunidad prestara un servicio a cada vecino. Otra cosa es que los proveedores sí facturen con IVA a la comunidad o que esta realice operaciones concretas sujetas al impuesto frente a terceros.
En consumo, cobrar un suplemento solo por pagar con tarjeta suele ser una posición muy frágil y a menudo incompatible con la normativa de pagos y consumo. Además, cualquier coste adicional tendría que estar claramente informado antes de comprar.
Sí, cobrar por adelantado un servicio puede ser legal si se informa claramente del precio, las condiciones y la política de cancelación, aunque algunos sectores imponen obligaciones adicionales y no todo anticipo se puede retener sin más.
Sí puede pactarse una comisión al comprador de una vivienda, pero no de cualquier manera. La clave legal está en que exista información clara, aceptación real del servicio y ausencia de cláusulas confusas o abusivas.
En general sí, si existe una cláusula válida o una previsión legal aplicable. Pero su cobro depende del contrato, del tipo de relación y de que el importe no sea abusivo o desproporcionado.
No siempre. Aunque el árbol esté en terreno privado, su tala puede depender de la especie, del municipio, de la normativa autonómica y de si el ejemplar está protegido o situado en suelo forestal o especialmente protegido.
Sí puede haber servicios gratuitos, pero no todo trabajo sin remuneración es válido. La clave está en distinguir entre liberalidad real, voluntariado y relaciones que en realidad encubren empleo o actividad económica.
La comunidad debe poder emitir el certificado de deudas cuando hace falta para vender una vivienda, pero la ley no fija una tasa oficial por ese documento. Si se cobra algo, la clave suele estar en si ese trabajo estaba previsto en los honorarios del administrador o aprobado por la comunidad.
En un alquiler de vivienda no se puede exigir renta por adelantado más allá de una mensualidad. Otra cosa distinta son la fianza legal y, en su caso, las garantías adicionales que permita la LAU.
Sí, en general se puede alquilar una vivienda sin electrodomésticos si el piso es habitable y se entrega tal como se pactó en contrato o inventario. El conflicto aparece cuando el anuncio prometía un piso equipado, cuando falta un elemento esencial para el uso normal o cuando no queda claro qué incluye realmente la renta.
No existe una prohibición estatal general que impida meter coche y moto en una sola plaza privada, pero la comunidad puede limitarlo si el título, los estatutos o la seguridad del garaje lo justifican.
Cobrar instalación en telecomunicaciones puede ser válido si el coste estaba claramente informado antes de contratar y forma parte de la oferta aceptada. Lo más problemático no es tanto que exista ese cargo como que aparezca tarde, se oculte o contradiga la publicidad.
Depende del tipo de arrendamiento y de cómo esté redactada la cláusula. En alquiler de vivienda habitual no vale cualquier penalización o salida anticipada, porque la Ley de Arrendamientos Urbanos fija límites que las partes no pueden vaciar por contrato.
Normalmente no puede aplicarse una subida de renta a meses ya vencidos si no se notificó correctamente antes. Distinto es reclamar rentas impagadas o cantidades ya devengadas según el contrato.
La proximidad a una zona urbana no vuelve ilegal un cultivo por sí sola. Lo decisivo suele ser la clase de suelo, el planeamiento municipal, las limitaciones ambientales y si la actividad incorpora obras, instalaciones o usos que exijan licencia.
En principio sí, siempre que el cobro forme parte de la oferta contractual y se informe con claridad antes de contratar. La discusión suele centrarse en la transparencia, la devolución y el posible carácter abusivo de algunas cláusulas.
Alquilar un coche entre particulares no está prohibido por sí mismo, pero los ingresos y la forma de explotación importan. Hacienda, la Seguridad Social y el seguro del vehículo pueden entrar en juego si la actividad deja de ser ocasional.
Ser propietario del suelo no siempre basta para instalarse libremente con tienda, caravana o elementos permanentes. El uso urbanístico, la normativa ambiental y las reglas municipales siguen importando aunque el terreno sea tuyo.
En la lotería oficial, el precio al público y la red de comercialización están fuertemente regulados. La comisión del punto autorizado no equivale a libertad para vender décimos con sobreprecio al consumidor.
En España, el arrendador puede pactar limitaciones sobre mascotas en un contrato de vivienda, pero no todo se resuelve con un simple “se prohíben animales”. Importan la redacción de la cláusula, el momento en que se impone y situaciones especiales como los perros de asistencia.
En principio, estar desnudo en el jardín de una vivienda privada no está prohibido de forma general, pero la respuesta depende de cuánta exposición exista hacia la vía pública o hacia terceros y de si la conducta se limita a la desnudez o incorpora actos sexualizados. En comunidades de vecinos, además, pueden surgir conflictos de convivencia y privacidad.
La captura de palomas urbanas no suele quedar al arbitrio de un particular. En entornos urbanos, el control poblacional normalmente corresponde al ayuntamiento o a empresas autorizadas, y usar trampas o métodos no permitidos puede acarrear sanciones.
Puede hacerlo en ciertos casos, pero no de cualquier manera. La regla clave es la información previa y clara sobre el precio total antes de contratar el servicio.
El padrón debe reflejar la residencia habitual real. Utilizar una dirección distinta por conveniencia puede terminar en baja de oficio, pérdida de ayudas o, en casos graves, problemas adicionales por falsedad o fraude.
Usar una tarjeta ajena sin autorización puede ser delictivo y, aun con consentimiento informal, suele chocar con las condiciones del emisor. La vía segura es una tarjeta adicional o una autorización bancaria formal.
No existe una prohibición estatal general que resuelva siempre esta cuestión: en una comunidad de propietarios la respuesta depende mucho de la seguridad del edificio, de si hay acceso peatonal alternativo y de lo que digan estatutos o normas internas.
No toda avería queda automáticamente cubierta, pero cuando el problema entra dentro de la garantía legal o comercial la reparación no debería trasladar al consumidor costes indebidos. La discusión suele estar en si realmente existe falta de conformidad o un supuesto excluido.
Sí, pero conviene saber qué se está firmando. Una “reserva” puede funcionar como simple adelanto, como arras o como cláusula penal, y cada figura tiene consecuencias distintas si alguna parte se echa atrás.
Solo pueden subirte la renta durante el contrato si existe una cláusula de actualización y se aplica en los términos pactados. Si no hay pacto, o si la subida se intenta fuera de plazo o sin notificación, la reclamación del casero es mucho más débil.
No existe una obligación universal para todos los negocios en cualquier circunstancia. Aun así, el medio de pago aceptado debe comunicarse con claridad y respetar las limitaciones legales sobre efectivo.
Puede llegar a serlo, pero no por una simple reforma privada. La operación suele exigir viabilidad urbanística, proyecto técnico, licencias y, en ocasiones, acuerdo comunitario y cambios registrales.
La ley no obliga a retribuir al presidente de la comunidad, pero tampoco impide de forma absoluta que la junta apruebe una compensación o el reembolso de gastos si lo acuerda con claridad y lo refleja correctamente.
Puede depender del contrato y de la causa de la suspensión. Un cargo de reconexión no debería aparecer por sorpresa ni cuando la interrupción sea imputable al operador.
Sí puede serlo, pero el encaje jurídico depende mucho del tipo de uso. No es lo mismo alquilar una habitación para residencia habitual que explotarla como alojamiento turístico o como fórmula intensiva de rentabilidad.
Un alquiler escalonado puede ser válido si el contrato define con claridad cómo evoluciona la renta, pero en vivienda habitual esa libertad de pacto está condicionada por la LAU y por las reglas vigentes sobre actualización de rentas.
Plantar árboles en una finca suele ser legal, pero el Código Civil fija distancias y concede acciones al vecino si la plantación invade o perjudica la propiedad colindante.
Muchas veces sí, pero no como si fuera un elemento totalmente libre de la vivienda. La puerta que da al rellano puede afectar a la estética, seguridad o elementos comunes del edificio y eso obliga a mirar la comunidad.
La videovigilancia en una comunidad de propietarios puede ser lícita, pero exige acuerdo comunitario, información visible y un uso proporcionado que no invada viviendas ni espacios ajenos.
Depende mucho del municipio, del uso de la caseta y de si se considera obra o instalación auxiliar. En España no existe un “sí” general sin revisar ordenanza urbanística, comunidad de propietarios y, en su caso, licencia o declaración responsable.
En general sí, pero con límites. Se pueden reforzar accesos o implantar sistemas de control en un edificio o inmueble si se respetan la propiedad horizontal, la seguridad privada y la protección de datos.
Que sea de día no convierte automáticamente el ruido en lícito: siguen existiendo límites de convivencia, ordenanzas municipales y, en casos graves, posibles acciones administrativas, civiles o incluso penales.
En Estados Unidos no hay una ley federal única sobre gestación subrogada: la legalidad depende del estado, del tipo de acuerdo y de cómo se reconozca la filiación. Antes de asumir que es viable, conviene revisar tanto la norma estatal como las consecuencias registrales en España.
En Perú la discusión no se resuelve con un sí o un no tan tajante como en España. Lo relevante suele ser si el consumidor conoce el precio final antes de contratar y si el recargo encubre una práctica abusiva o poco transparente.
Cobrar intereses no está prohibido, pero su validez depende del tipo de relación, de lo pactado y de que el interés no resulte usurario, abusivo o contrario a normas especiales de transparencia.
El recargo por contrareembolso puede ser admisible si se informa antes de contratar y forma parte del precio total mostrado al consumidor de manera clara y comprensible.
Muchas cuotas periódicas son legales aunque el cliente no use activamente el servicio, pero su validez depende del contrato, de la información precontractual y de que no exista un desequilibrio abusivo.
Cobrar honorarios al comprador no está prohibido por definición, pero exige un encargo o acuerdo claro y puede ser cuestionable si la agencia actúa solo para la parte vendedora o no informa con transparencia suficiente.
El subarriendo no está permitido libremente en todos los casos: en arrendamientos urbanos suele requerir consentimiento del arrendador y el incumplimiento puede dar lugar a resolución del contrato principal.
En España la fianza arrendaticia es legal y, en vivienda habitual, obligatoria; además, el arrendador debe depositarla ante el organismo autonómico que corresponda cuando la norma territorial así lo exige.
Sí, pueden reclamarse intereses por impago o mora en el alquiler, pero no cualquier cláusula vale: la base contractual, la proporcionalidad y el tipo de arrendamiento importan mucho, sobre todo cuando el inquilino actúa como consumidor.
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